Santiago Pérez recuerda que la doctrina del
Tribunal Constitucional recoge que la libertad de expresión y la
libertad de información, además de derechos fundamentales, son la
garantía de una “comunicación pública libre, sin la cual quedarían
vaciados de contenido otros derechos que la Constitución consagra,
reducidas a formas hueras las instituciones representativas y
absolutamente falseado el principio de legitimidad democrática que
enuncia el art. 1.2 de la Constitución y que es la base de toda nuestra
ordenación jurídico-política…sin una comunicación pública libre, no
hay sociedad libre ni, por tanto, soberanía popular”.
En este sentido, señala que el inicio de un expediente sancionador contra Radio San Borondón, la emisora del Centro de la Cultura Popular Canaria, que de culminar con una cuantiosa sanción económica --como advierte el Gobierno de Canarias desde la primera notificación efectuada-- conllevaría con toda seguridad el cierre de la emisora y la desaparición de una voz independiente de los poderes establecidos, en un panorama informativo del Archipiélago con un déficit cada vez mayor de pluralismo informativo. Radio San Borondón es la emisora del Centro de la Cultura Popular Canaria, cuya labor en defensa de las tradiciones y del acervo cultural de las Islas, y de la producción musical y artística de los autores canarios, no tiene parangón a lo largo de los últimos cuarenta años.
El concejal añade que el Gobierno justifica la apertura de este expediente sancionador en el cumplimiento de la legalidad, ejecutando así un concurso para la concesión de licencias de radio que --como ha ocurrido con el concurso de adjudicación de licencias para la televisión digital terrestre-- ha sido impugnado ante los Tribunales por muchas de las empresas y entidades concursantes. La resolución del concurso, por tanto, no es firme todavía.
El inicio de este expediente sancionador se produce como resultado de un Plan de Inspección del que no se conoce el alcance, los criterios y la identidad de las empresas radiofónicas afectadas. Como tampoco se ha dado a conocer si hay otras empresas, de las que continúan emitiendo por frecuencias que no les han sido adjudicadas, que hayan sido objeto de diligencias de inspección y de expedientes sancionatorios similares.
Todas estas circunstancias, que contradicen los constantes alardes de los responsables del Gobierno en materia de transparencia y acceso a la información, permiten albergar dudas sobre si estamos en presencia de un caso de discriminación y de ataque al pluralismo informativo que, además de lesionar el derecho fundamental a emitir y recibir información libre, constituiría un ataque al derecho fundamental de igualdad ante la Ley.
F.RSanborondon
En este sentido, señala que el inicio de un expediente sancionador contra Radio San Borondón, la emisora del Centro de la Cultura Popular Canaria, que de culminar con una cuantiosa sanción económica --como advierte el Gobierno de Canarias desde la primera notificación efectuada-- conllevaría con toda seguridad el cierre de la emisora y la desaparición de una voz independiente de los poderes establecidos, en un panorama informativo del Archipiélago con un déficit cada vez mayor de pluralismo informativo. Radio San Borondón es la emisora del Centro de la Cultura Popular Canaria, cuya labor en defensa de las tradiciones y del acervo cultural de las Islas, y de la producción musical y artística de los autores canarios, no tiene parangón a lo largo de los últimos cuarenta años.
El concejal añade que el Gobierno justifica la apertura de este expediente sancionador en el cumplimiento de la legalidad, ejecutando así un concurso para la concesión de licencias de radio que --como ha ocurrido con el concurso de adjudicación de licencias para la televisión digital terrestre-- ha sido impugnado ante los Tribunales por muchas de las empresas y entidades concursantes. La resolución del concurso, por tanto, no es firme todavía.
El inicio de este expediente sancionador se produce como resultado de un Plan de Inspección del que no se conoce el alcance, los criterios y la identidad de las empresas radiofónicas afectadas. Como tampoco se ha dado a conocer si hay otras empresas, de las que continúan emitiendo por frecuencias que no les han sido adjudicadas, que hayan sido objeto de diligencias de inspección y de expedientes sancionatorios similares.
Todas estas circunstancias, que contradicen los constantes alardes de los responsables del Gobierno en materia de transparencia y acceso a la información, permiten albergar dudas sobre si estamos en presencia de un caso de discriminación y de ataque al pluralismo informativo que, además de lesionar el derecho fundamental a emitir y recibir información libre, constituiría un ataque al derecho fundamental de igualdad ante la Ley.
F.RSanborondon
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