Santiago Pérez reflexionó en primer lugar sobre lo
que ha estado ocurriendo en el archipiélago, especialmente en la pasada
legislatura, sobre la intervención de los poderes públicos en todos los
procedimientos para la concesión de licencias, tanto en la TDT, como en
la asignación de frecuencias de radio, de tal forma que recordó que los
concursos convocados por el gobierno de Canarias han sido objeto de una
impugnación generalizada y masiva y los tribunales han estado revocando y
dictando sentencias de anulación por graves defectos de garantías en
procedimientos que deberían desarrollarse sobre los principios de
libertad, igualdad de concurrencia, transparencia y de selección de las
distintas propuestas presentadas.
Opina que quienes han gestionado esos concursos sabían perfectamente que los procedimientos adolecían de graves defectos legales, pero actuaban plenamente conscientes de que en circunstancias de crisis el transcurso del tiempo es el mejor aliado de la ilegalidad, no en vano muchas de las ofertas que fueron desestimadas correspondían a empresas para las cuales el transcurso del tiempo sin poder obtener ingresos era simplemente una situación suicida.
El concejal dijo que el panorama de los medios informativos de Canarias está caracterizado por un extraordinario déficit de pluralismo, de tal manera que la pluralidad existente en la sociedad canaria, de intereses, de formas de entender nuestro presente y nuestro futuro, de ideas, de diversas sensibilidades territoriales, no tienen una proyección razonable en la estructura de los medios convencionales, al tiempo que señaló que los medios de titularidad pública, lejos de contribuir a contrarrestar ese déficit de pluralismo informativo, se han convertido en meras herramientas de propaganda desnuda de la actuación y de la figura de los gobernantes.
Pérez afirma que se ha quedado espantado al ver cómo se hacen ciertos tratamientos de información en medios como RTVC y RTVE, afirmando que el panorama es verdaderamente desmoralizador, tras lo que recordó que la mayoría de gestores públicos gastan ingentes cantidades de dinero en los medios para asegurarse la propaganda, aprovechando que los medios atraviesan una delicada situación financiera, lo que no puede sino interpretarse como un modo de censura.
Hecho el preámbulo, el edil dijo que es censura lo que late tras la apertura del expediente sancionatorio por parte del Gobierno contra Radio San Borondón, emisora que pertenece al Centro de la Cultura Popular Canaria, institución que ha hecho una labor sin parangón en pro de la Cultura y las señas de identidad de las islas y añade que la sanción viene dada porque esa emisora ejerce un periodismo libre, alternativo, disidente, con cuyas toma de decisión se puede estar de acuerdo o no, pero hay que respetarlas porque las hacen usando sus derechos constitucionales.
Afirmó Pérez que sin duda Radio San Borondón es una de las pocas voces que no están sometidas a los poderes políticos y fácticos, por lo que entiende que el Ayuntamiento de La Laguna debe exigir que se archiven los expedientes sancionadores contra esta emisora y otras que se encuentren en las mismas circunstancias, como así lo hicieron todo los grupos del Parlamento en comisión a raíz de la propuesta del grupo mixto, defendida por Román Rodríguez.
El concejal pidió al pleno que pida al Gobierno que queden suspendidos todos los procedimientos de sanción hasta que no sean firmes las resoluciones de los concursos para asignación de frecuencias que han sido impugnadas ante los tribunales, pero a su vez con la exigencia ineludible de transparencia de un gobierno que tiene consejeros que constantemente alardean de su compromiso con la transparencia, así como que el gobierno haga públicos los criterios y las actuaciones que han inspirado el Plan de Inspección por el que se incoa la sanción a Radio San Borondón, porque es una realidad notoria el hecho de que cientos de emisoras en las islas, algunas de ellas muy importantes, que están emitiendo en las mismas circunstancias legales y sin embargo no se les toca.
Santiago Pérez dijo que este expediente esconde la verdadera intención del Gobierno, el cierre de una emisora crítica, pues no debemos perder de vista que esa sanción, que puede llegar a 200.000 euros implica inevitablemente la desaparición del medio por ahogamiento económico.
Finalmente, el pleno de La Laguna aprobó por unanimidad la moción de XTF por la que se solicita al gobierno de Canarias que haga pública toda la información relativa al Plan de Inspección sobre el cumplimiento de la legalidad en materia de utilización de frecuencia de radio, así como de los Expedientes sancionadores derivados de la ejecución de dicho Plan y la suspensión de la tramitación de los Expedientes sancionadores contra emisoras de radio hasta que adquiera firmeza la Resolución del concurso de frecuencias radiofónicas, actualmente impugnado ante los Tribunales.
Opina que quienes han gestionado esos concursos sabían perfectamente que los procedimientos adolecían de graves defectos legales, pero actuaban plenamente conscientes de que en circunstancias de crisis el transcurso del tiempo es el mejor aliado de la ilegalidad, no en vano muchas de las ofertas que fueron desestimadas correspondían a empresas para las cuales el transcurso del tiempo sin poder obtener ingresos era simplemente una situación suicida.
El concejal dijo que el panorama de los medios informativos de Canarias está caracterizado por un extraordinario déficit de pluralismo, de tal manera que la pluralidad existente en la sociedad canaria, de intereses, de formas de entender nuestro presente y nuestro futuro, de ideas, de diversas sensibilidades territoriales, no tienen una proyección razonable en la estructura de los medios convencionales, al tiempo que señaló que los medios de titularidad pública, lejos de contribuir a contrarrestar ese déficit de pluralismo informativo, se han convertido en meras herramientas de propaganda desnuda de la actuación y de la figura de los gobernantes.
Pérez afirma que se ha quedado espantado al ver cómo se hacen ciertos tratamientos de información en medios como RTVC y RTVE, afirmando que el panorama es verdaderamente desmoralizador, tras lo que recordó que la mayoría de gestores públicos gastan ingentes cantidades de dinero en los medios para asegurarse la propaganda, aprovechando que los medios atraviesan una delicada situación financiera, lo que no puede sino interpretarse como un modo de censura.
Hecho el preámbulo, el edil dijo que es censura lo que late tras la apertura del expediente sancionatorio por parte del Gobierno contra Radio San Borondón, emisora que pertenece al Centro de la Cultura Popular Canaria, institución que ha hecho una labor sin parangón en pro de la Cultura y las señas de identidad de las islas y añade que la sanción viene dada porque esa emisora ejerce un periodismo libre, alternativo, disidente, con cuyas toma de decisión se puede estar de acuerdo o no, pero hay que respetarlas porque las hacen usando sus derechos constitucionales.
Afirmó Pérez que sin duda Radio San Borondón es una de las pocas voces que no están sometidas a los poderes políticos y fácticos, por lo que entiende que el Ayuntamiento de La Laguna debe exigir que se archiven los expedientes sancionadores contra esta emisora y otras que se encuentren en las mismas circunstancias, como así lo hicieron todo los grupos del Parlamento en comisión a raíz de la propuesta del grupo mixto, defendida por Román Rodríguez.
El concejal pidió al pleno que pida al Gobierno que queden suspendidos todos los procedimientos de sanción hasta que no sean firmes las resoluciones de los concursos para asignación de frecuencias que han sido impugnadas ante los tribunales, pero a su vez con la exigencia ineludible de transparencia de un gobierno que tiene consejeros que constantemente alardean de su compromiso con la transparencia, así como que el gobierno haga públicos los criterios y las actuaciones que han inspirado el Plan de Inspección por el que se incoa la sanción a Radio San Borondón, porque es una realidad notoria el hecho de que cientos de emisoras en las islas, algunas de ellas muy importantes, que están emitiendo en las mismas circunstancias legales y sin embargo no se les toca.
Santiago Pérez dijo que este expediente esconde la verdadera intención del Gobierno, el cierre de una emisora crítica, pues no debemos perder de vista que esa sanción, que puede llegar a 200.000 euros implica inevitablemente la desaparición del medio por ahogamiento económico.
Finalmente, el pleno de La Laguna aprobó por unanimidad la moción de XTF por la que se solicita al gobierno de Canarias que haga pública toda la información relativa al Plan de Inspección sobre el cumplimiento de la legalidad en materia de utilización de frecuencia de radio, así como de los Expedientes sancionadores derivados de la ejecución de dicho Plan y la suspensión de la tramitación de los Expedientes sancionadores contra emisoras de radio hasta que adquiera firmeza la Resolución del concurso de frecuencias radiofónicas, actualmente impugnado ante los Tribunales.
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