La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha imputado un delito de falsedad documental al despacho jurídico que tramitó 40 solicitudes de licencias de radio del concurso convocado por el Ejecutivo regional hace un año y que fueron inadmitidas por presentarse fuera de plazo. El despacho Díez y Romeo, con sede en Madrid, utilizó para validar la presentación de estas demandas de licencias un matasellos de Correos de Arucas cuyo responsable ha negado ante el fiscal que exista.
Los representantes de Díez y Romeo, un despacho que asegura estar especializado en la tramitación de licencias de radio y televisión ante los gobiernos autonómicos y que actúa en toda España, son investigados también por la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Valencia, esta vez por un delito de estafa continuada en grado de tentativa al falsificar, presuntamente, dos informes de ingenieros validando una licencia audivisual.
En el caso de Las Palmas, la Fiscalía ha imputado por falsedad a la abogada Paola Romeo, cotitular del despacho. La investigación judicial se inició en febrero pasado cuando el Gobierno de Canarias detectó anomalías en la presentación de 40 solicitudes de licencias de radio mediante un concurso que fue resuelto a finales de 2010. Díez y Romeo presentó en plazo (antes del 30 de septiembre del año pasado) en los servicios de Presidencia un correo con matasellos de la oficina de Arucas haciendo notar que registraría con posterioridad las 40 solicitudes. Este es un procedimiento legal, reglado para todos los concursos públicos, es decir, anunciar mediante comunicación oficial por adelantado la presentación de una oferta o solicitud en concurso público.
En Presidencia, sin embargo, se sospechó que el matasellos era falso e informó a la Fiscalía, que abrió una investigación que ha acabado imputando a la abogada Paola Romeo una vez que el jefe de Correos en Arucas ha negado la existencia de registro alguno en esa oficina.
Las 40 solicitudes de licencias de radio, por lo demás, quedaron inadmitidas al concurso, lo que ha provocado un revuelo en muchas de las empresas que están detrás de las mismas y que han anunciado su intención de emprender acciones judiciales contra Díez y Romeo. Algunas de esas empresas confesaron haber pagado entre 18.000 y 20.000 euros por la tramitación de sus demandas de licencias de radio.
En medios jurídicos se cree que Díez y Romeo no pudo gestionar a tiempo el más de medio centenar de solicitudes de licencias que tramitaba para el concurso canario. Además de las 40 inadmitidas, el despacho logró presentar otras 15 debidamente regularizadas, incluso algunas de ellas llegaron a obtener licencia de emisión.
A la decisión del Gobierno de enviar a Fiscalía el registro irregular de 40 de las solicitudes, el despacho Díez y Romeo respondió impugnando el concurso de radio en Canarias, lo que en medios jurídicos se calificó ayer de "dislate" puesto que algunos de sus clientes ganaron varias licencias y "sería como ir en contra de los intereses de sus defendidos".
F.LaProvincia
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