Solo el Gobierno sabe por qué a emisoras con proyectos que priorizan la producción local no se las puntuó en el concurso de radio y otras sin ella obtuvieron decenas de frecuencias. Políticos, oyentes juristas y comunicadores piden transparencia y que se revise el proceso
Sea o no ilegal, el concurso convocado por el Gobierno canario para adjudicar 156 licencias de radio en Frecuencia Modulada -actualmente en fase de preadjudicación- no convence prácticamente a nadie. “Irracional”, “incoherente”, “absurdo” o “surrealista” son algunos de los calificativos que prodigaron a este proceso los invitados al debate de EL DÍA: Raúl Alonso, abogado y responsable de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) en Tenerife; José Moreno, subdirector de Radio El Día; Gloria Gutiérrez, exdiputada socialista y también abogada; Antonio Sepia, empresario y oyente habitual de la emisora de radio de esta casa; Víctor Moreno, diputado del Partido Popular; Javier Zerolo, director de MegaLatina y expresidente de Radican (Asociación de Radios Independientes de Canarias), y Juan Carlos Melián, abogado.
“No alcanzo a saber si el concurso es limpio y transparente o tiene visos de ilegalidad, pero cualquier ciudadano puede percibir que el resultado no ha sido el deseable”, expuso Raúl Alonso, quien situó como mayor problema la “eliminación o, al menos, limitación de la pluralidad” que, a su juicio, suponen las puntuaciones otorgadas a los diferentes proyectos presentados.
Para el representante de la asociación de consumidores, la sociedad demanda cada vez más ámbitos de pluralidad, y desde el momento en que ésta se restringe, el resultado del concurso es “indeseable”. Tampoco le merece buena opinión la actuación del Gobierno en cuanto ésta ha abierto “el riesgo de que se piense en algún tipo de chanchullo”. Alonso lo tiene claro: el concurso debe retrotraerse y el procedimiento volver a iniciarse, porque “es necesario ordenar el mundo de las ondas, una demanda que se lleva haciendo desde hace veinte años”.
Sobre el hecho -esgrimido por el Ejecutivo como argumento para reforzar su posición- de que nadie haya recurrido las bases del proceso, el subdirector de Radio El Día lo explica por la necesidad del concurso tras 22 años de “permisividad absoluta en el espectro radioeléctrico, en el que las emisoras crecían como setas en otoño”. Lo que nadie esperaba es el escenario actual, con una puntuación que, según Moreno, ha sido realizada “de forma teórica y matemática”, sin entrar en las materias que se valoran.
Solo así puede entenderse que “algunos de los proyectos ganadores se parecen más a una carta a los Reyes Magos que a un proyecto empresarial, porque no tienen apoyos económicos”. “¿Cómo puede tener Kiss FM (una de las agraciadas) 35 licencias en 35 lugares con 35 trabajadores si en España tiene 84 licencias con 50 trabajadores, de los que solo 22 hablan en antena?”, se preguntó.
Además de las dudas sobre los integrantes de la mesa de evaluación, José Moreno criticó que las bases no establezcan el modelo de radio que se busca y que haya “demasiadas licencias en muy pocas manos”, al tiempo que censuró el “absoluto desprecio” a las radios que operan en municipios.
Gloria Gutiérrez, del PSC-PSOE, interpreta lo sucedido como “el culmen de la obsesión de Paulino Rivero por controlar los medios de comunicación públicos y privados”. El reparto de las licencias de radio es “el último paso”. El grupo parlamentario socialista promovió el pasado diciembre una proposición no de ley, apoyada por el PP, para suspender el concurso hasta después de las elecciones autonómicas. Pese a aprobarse, la iniciativa se ha incumplido, en lo que constituye “un desprecio al pueblo canario”.
Tal y como estaba planteado el proceso, con la cercanía de los comicios, se planteaba como “un concurso-amenaza”, según Gutiérrez. “El que se portase bien sería recompensado y el que no, tendría su castigo”, resumió.
“Solo quiero que se respete mi libertad de decidir qué oigo”, manifestó Antonio Sepia desde su condición de “simple oyente”. A su entender, la “base primordial” del concurso es la información local y, en ese sentido, dijo no entender cómo se han concedido las licencias a emisoras que “no aportan nada a la gente en su día a día”. “Me gusta que mi radio me informe, me forme y me dé la opción de opinar”, sentenció este empresario, creador de chapas con el mensaje “No al cierre de Radio El Día”.
Tampoco se explica Sepia “por qué se ha permitido a tantas emisoras ocupar el espacio durante todos estos años y ahora se quiere cortar por lo sano”, una decisión que, además, supone la pérdida de “gran cantidad de puestos de trabajo”. “Si ocurre otra desgracia, que ojalá no, ¿qué pretenden? ¿Que escuche música? Yo lo que quiero es informarme”, reflexionó Sepia.
El retraso de 22 años en la concesión de licencias de FM es responsabilidad, según el diputado del Partido Popular Víctor Moreno, de “todos los gobiernos de Canarias, sin excluir ninguno”. Por ello, su formación política decidió respaldar “sin dudar” la proposición no de ley del PSOE, al entender que “era un asunto de demasiado calado como para que fuera un gobierno en funciones quien lo resolviera, dado que estaba en juego la pluralidad de la información”.
El ejemplo de Martín
“El Gobierno debía haber tomado como ejemplo lo que hizo Adán Martín, que decidió paralizar el concurso de la Televisión Digital Terrestre (TDT) para que un Ejecutivo y una mayoría parlamentaria surgidos de las urnas adoptasen una decisión tan importante”, recordó Moreno, quien lamentó que “nunca se consultase al PP en el Consejo de Gobierno” y señaló como máximo responsable de esta situación a Paulino Rivero.
Javier Zerolo, director de MegaLatina, recomendó que se tenga en cuenta al oyente y su derecho a “escoger lo que quiere que lo acompañe, sea música o información. Eso es fundamental, pero tiene que haber una regulación”, indicó. Pese a la actitud crítica de socialistas y populares, recordó que los primeros han pactado con CC sin incluir este asunto en el pacto y los segundos formaron parte del Gobierno que desarrolló el proceso.
Según Zerolo, el criterio seguido ha sido “desacertado e incoherente”. “Alguien que sepa de radio no puede haber hecho esto”, dijo, para luego sentenciar: “Serán los juristas quienes decidan si el personal de la mesa está cualificado, pero yo creo que no”.
Por su parte, el abogado Juan Carlos Melián llamó la atención sobre el hecho de que el 52% de las licencias haya ido a parar a solo dos entidades. También precisó que la preadjudicación incurre en “irracionalidades”, como que se concedan licencias a proyectos “inviables económicamente” o que se valoren los planes de formación a proyectos que no cuentan con personal.
“No hay coherencia entre la programación que se promete, los medios y el personal, y probablemente por ahí va a caer el concurso”, auguró el jurista. En este sentido, Melián avanzó que queda mucho camino por delante, puesto que “el Gobierno aún puede recurrir el concurso, aunque lo lógico es que apruebe la adjudicación definitiva y que las frecuencias sean de quienes han obtenido más puntos”.
Para Alonso, lo que pueda suceder ahora es una incógnita. “La política en Canarias es surrealista, pero lo razonable es que el Gobierno suspenda de forma cautelar el concurso, se revise y se alcance una seguridad jurídica”.
“Yo soy pesimista, pero no porque sí; me baso en hechos”, manifestó el subdirector de Radio El Día, aludiendo al concurso celebrado en 1989, “en el que se repartieron 25 frecuencias, pero ninguna se conservó y pasaron a ser nacionales”, y al más reciente de adjudicación de la TDT, “en el que los recurrentes han ido ganando uno a uno las demandas judiciales y muchos medios han hecho lo que les ha dado la gana, reduciendo la producción local, introduciendo tarot y películas pornográficas e incluso dejando la pantalla en negro durante más de un año”.
En este punto, Moreno se lamentó de que “solo en la provincia de Santa Cruz de Tenerife se perderán 500 puestos de trabajo especializados, que difícilmente podrán recolocarse”.
“El Gobierno nos ha metido a todos en callejón sin salida, y ahora, pase lo que pase, habrá un problema que se pagará con el dinero público, porque la preadjudicación crea responsabilidades sociales y también están los que recurrirán”, afirma Gloria Rivero en su segundo turno de palabra, para la que el hecho de que la convocatoria se hiciera antes de un periodo electoral “fue como una espada de Damocles para los medios, dándoles a entender que, o se portaban bien con el Gobierno o los castigarían”.
Para el representante de los oyentes, Antonio Sepia, “la gente no se va a quedar de brazos cruzados y eso quedó de manifiesto este lunes con más de 140.000 oyentes en el programa que hicieron en común todas las radios que se han quedado fuera en la primera fase del concurso. Lo que no puede ser es que una emisora vaya a cerrar cuando tiene contenido local para dar paso a una que no lo tiene. Se cae de maduro”.
“Lo que está claro es que la revisión del procedimiento disiparía todas las dudas de transparencia, puesto que es inoportuno y abusivo que un Gobierno en funciones y en minoría sea quien adjudique las licencias de radio”, apuntó Víctor Moreno, para el que “debe haber el máximo consenso político”.
Para finalizar, el director de MegaLatina fue al grano: “Yo pido que alguien, en consecuencia a unas bases, y con un jurado imparcial, valore los proyectos y, si así no me dan un frecuencia, me quito del medio. Lo que no puede ser es esta locura, llena de incongruencias y disparates de las primeras puntuaciones que han provocado una auténtica alarma social”.
MESA EVALUACIÓN
¿Quién decide qué radio emite?
Una cuestión que preocupa a todos los asistente al debate es el oscurantismo que existe alrededor de la mesa evaluación que ha puntuado, de forma inicial, los proyectos presentados por las diferentes cadenas para hacerse con una licencia de emisión en las Islas: “No sabemos quién integra la mesa y qué expertos en radio son los que están. Es más ni siquiera sabemos qué modelo de radio se busca, si más bien musical, informativa, canaria, central….”, reconoció el subdirector de Radio El Día, José Moreno, algo que confirmó la exdiputada Gloria Gutiérrez, que considera que existen “anomalías y deficiencias”, puesto que la mesa se publicó “sin saber quién la componía y siendo nombrada por el Gobierno, es decir, sin imparcialidad, además de que no hay ni sustitutos ni posibilidad de recusar”.
F.RAventura
